Por Jean Chicana

Servindi, 4 de mayo, 2015.- El miércoles 29 de abril, Máxima Acuña asistía a una reunión con representantes del Ministerio del Interior, a pedido de la Defensoría del Pueblo, para coordinar acciones que salvaguarden su integridad, de acuerdo a lo dispuesto por la medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2014.

“El ministro del Interior dijo que ha venido a observar, a verificar qué es lo que está pasando, si es verdad sobre los problemas, los abusos, los atropellos (de Yanacocha) y bueno, nosotros estábamos en Cajamarca dándole información”, explicó Chaupe vía telefónica en diálogo con Servindi.

Mientras la señora Máxima cumplía con este compromiso y otros personales en Cajamarca – por ejemplo, la graduación de su hija Ysidora en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo-, un grupo de trabajadores de la empresa Yanacocha aprovechó su ausencia para derribar una habitación de 4 por 6 metros cuadrados, recientemente construida que la familia Chaupe usaba como cocina y corral para animales.

“A las 5 de la tarde me llama mi nuera, me dice que la Policía, con los trabajadores y los guardianes de las alpacas que son de la empresa minera entran y destruyeron una cocina que he hecho para la crianza de cuy. Lo destruyen y se llevan calaminas, madera y los cuyes. Habían 15, todo lo llevaron”, manifestó.

Yanacocha y sus explicaciones

La empresa Yanacocha confirmó su accionar en un comunicado publicado en su portal web que dice: “hoy (29 de abril), colaboradores de la empresa, pacíficamente y sin ningún acto de violencia, removieron los cimientos de esta nueva construcción, como ocurrió en febrero de este año”.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe, detalló que “en realidad no derribaron solo cimientos, sino una construcción que había hecho la familia”.

Y si bien está vez no hubo agresión contra alguna persona, sí los hubo el 3 de febrero que ocurrió un hecho similar.

Parece clara la intención de la empresa de querer deshacerse de la acusación de violencia por que no hubo victimas que lamentar. Sin embargo, ¿destruir una construcción no es también un tipo de violencia?

Uso y abuso injustificado de la “defensa posesoria”

Cabe agregar que Yanacocha reconoció que la acción se realizó sin la presencia de efectivos de la Policía Nacional ni tampoco del Poder Judicial, sino en el marco de “la defensa posesoria” que supuestamente les permite actuar, según la ley, dentro de los 15 días.

Sin embargo, Mirtha Vásquez criticó que el uso de tal figura jurídica no se acomoda de ningún modo al caso entre Yanacocha y los Acuña-Chaupe. La defensa posesoria solo está permitida para el propietario al que le se le invade una propiedad en la que no se encuentra presente.

Una segunda situación es cuando al poseedor de un predio, es decir, alguien que está viviendo o poseyendo un predio de manera directa, se ve amenazado por alguien que ingresa a desalojarlo.

“Ninguna de las dos causales se ajusta a este caso”, argumentó la abogada Mirtha Vásquez, quién además es directora de la asociación Grufides, que defiende a Máxima Acuña.

De otro lado no es legal que Yanacocha use la “defensa posesoria” ya que el último fallo emitido por la justicia peruana denegó que la empresa sea propietaria del predio de Tragadero Grande, y dio la razón a la familia Acuña-Chaupe.

“Yanacocha no tiene documentos que acrediten su propiedad sobre el predio de Máxima Acuña. Lo que ellos presentan son dos escrituras públicas que acreditan que han comprado 500 hectáreas, pero por ningún lado dice que Tragadero Grande sería parte de esas 500 hectáreas”, prosiguió la abogada,

La derrota de Yanacocha

El 17 de diciembre de 2014 los Acuña-Chaupe se anotaron un sonoro triunfo contra la empresa Yanacocha en el juicio que sostienen ambas partes por el predio Tragadero Grande de 25 hectáreas aproximadamente, ubicado cerca de la Laguna Azul, donde Yanacocha planea operar el megaproyecto minero Conga.

Sin embargo, la empresa minera afirma en su nota de prensa que pidió el día de destrucción que los Chaupe dejen de “construir ilegalmente nuevas estructuras sobre terrenos que no están en disputa y legalmente documentados como propiedad de Yanacocha”.

Asimismo, sostiene líneas más abajo que “actuaron dentro de su propiedad” y acusan que los Chaupe “no cuentan con autorización judicial para expandir sus actividades en los terrenos de la compañía”. Es decir, siguen adjudicándose Tragadero Grande como propio.

Mirtha Vásquez afirma que los Chaupe no necesitan ningún permiso judicial para realizar cualquier acto en el predio. “Nadie tendría por qué darle autorización, menos aún la empresa. La empresa no ha acreditado ser propietaria de eso”, reafirmó.

“Diálogo sin intermediarios”

A pesar de que Yanacocha mantiene el hostigamiento a los Chaupe, en el comunicado público “reafirma su compromiso con los derechos humanos” y señalan intentaron repetidas veces crear un puente de diálogo “constructivo y respetuoso”, pero aún no lo han conseguido.

Vásquez confirmó que la empresa envió representantes pidiendo a la familia Chaupe “entrar en diálogo”, pero no explican sobre qué quieren conversar.

La abogada de la familia narró que Máxima Chaupe les pidió un documento escrito que especifique los puntos a tratar. Sin embargo, Yanacocha respondió por carta que quieren dialogar con la familia Acuña-Chaupe “sin intermediarios”.

“Se trata de una estrategia de quererlos llevar a dialogar sin decirles sobre qué y además sin asesoramiento. La familia, por supuesto, tiene muchísima desconfianza de la empresa y por eso se ha negado”, comunicó Vásquez.

La defensora de los Acuña-Chaupe anunció que procederá a denunciar nuevamente a la empresa por el delito de usurpación y daños materiales.

“Esperamos que las autoridades actúen de manera rápida porque realmente nosotros sí tenemos argumentos legales para que la empresa sea procesada por ese criterio”, finalizó Vásquez.