Por Jonathan Hurtado

Servindi, 5 de junio, 2015.- En la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL), en San Isidro, nos recibe Juan José Quispe, quien tiene a su cargo la defensa de tres procesados por el caso Curva del Diablo, caso que, en el mejor de los escenarios -sostiene- podría resolverse el próximo mes de setiembre.

Por el mismo están siendo procesados 52 personas -eran 53, uno falleció-, entre nativos y no nativos. Se les acusa de ocho delitos. Las penas que se piden para ellos van desde los 5 años de prisión por disturbios hasta cadena perpetua por arrebato de arma de uso oficial agravado, reseña en unos segundos el abogado.

Como cada año, copiosa literatura surge con motivo del “Baguazo”, suceso que el 5 de junio de 2009 dejó como saldo 33 personas fallecidas, un desaparecido y cientos de heridos. Los hechos más sangrientos ocurrieron en dos puntos, la llamada Curva del Diablo y la Estación 6.

Un primer apunte que uno puede hacer a la luz de las pruebas es que los nativos acusados por lo ocurrido en la Curva del Diablo no tuvieron que ver con la muerte de los 12 policías, tal como lo sostiene la fiscalía.

Las armas

Las pruebas son determinantes al respecto, teniendo en consideración que en estos momentos el proceso judicial se encuentra en la etapa de ratificación de las pericias.

“Los peritos han determinado que el tipo de balas con que murieron el 90 por ciento de los policías son calibre 7.62, que corresponde a FAL o AKM (tipos de fusil) que usa la Policía Nacional”, recuerda Juan José Quispe.

Una prueba de absorción atómica hecha a los detenidos dos días después de los violentos hechos arrojó negativo para plomo, bario y antimonio. Es decir que ellos no dispararon.

Si la causa de muerte de los policías es proyectil y los detenidos tienen resultados negativos para el uso de armas, “cómo yo establezco la conexión de que ellos fueron los que mataron”, se pregunta Quispe.

Sostiene así que con la prueba aceptada, los delitos de homicidio calificado y de arrebato de arma de fuego de uso oficial agravado ya no deberían ser motivo de controversia en lo que resta del proceso.

La cadena de mando sí existió

Cuando se dio el “Baguazo”, el Perú era gobernado por Alan García, el presidente del Consejo de Ministros era Yehude Simon y Mercedes Cabanillas, del partido oficialista de entonces, el APRA, era ministra del Interior.

Todos ellos y quien por entonces era director general de la Policía Nacional, José Armando Sánchez Farfán, fueron denunciados por los familiares de los policías muertos el 5 de junio. El proceso, sin embargo, no llegó lejos y fue archivado por el cuestionado ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales.

Cabe resaltar, como recuerda el abogado del IDL, que los testimonios que se tomaron en consideración fueron los efectuados por los policías sobrevivientes a nivel de su propia inspectoría.

Sin embargo, existen suficientes indicios para incluir en un cuarto proceso a Cabanillas Bustamanate, como autora mediata de lo ocurrido el 5 de junio. A fin de que ello se dé el IDL presentó un documento el 2012 al juez y al Ministerio Público y que hasta ahora no se resuelve.

Este cuarto proceso es contra siete oficiales de la policía por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves. Aún no entra en juicio oral. Otros dos casos pendientes son por lo ocurrido en la Estación 6 y por la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán.

La base del pedido presentado por el IDL, explica Juan José Quispe, se encuentra en el Memorándum Múltiple No. 711—2009-DIRGEN PN de fecha 3 de junio de 2009, firmado por José Armando Sánchez Farfán que dispone, entre otras cosas, el cambio de mando policial en la Curva del Diablo, cambio que desembocaría en los aciagos hechos que luego muchos lamentarían.

Dicho memorándum establece que el ex jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, destacado a la zona, “deberá informar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para conocimiento de este Comando y la Sra. Ministra del Interior, para la toma de decisiones”

Es decir, Cabanillas tomaba y daba órdenes junto con Sánchez Farfán en los momentos mismos que rodearon el “Baguazo”.

Un ingrediente que no es nuevo pero que aporta de alguna manera se recogió hace cerca de un mes, cuando en una audiencia por el caso Curva del Diablo a la que Muguruza asistía como testigo, este señaló que la tarde de 5 de junio del 2009 recibió una llamada de la misma Cabanillas.

“Cabanillas mintió al país cuando dijo: yo no conozco nada, yo no tengo que ver en el lado operacional (de los hechos del 5 de junio), yo solo veo el lado administrativo”, cuestiona Quispe.

“Todo esto dice perfectamente que la señora Cabanillas sí pedía información a quien estaba en el teatro de operaciones en Bagua, que sí pedía información a través de su director general de la policía y que todo esto se gestó en la sesión del Consejo de Ministros del 3 de junio”, profundiza el abogado.

El enlace con Palacio

Lamentablemente no existe más el audio que demostraría de forma contundente este punto. Lo que sí existen son declaraciones de personas claves.

En la sesión de Consejo de Ministros del 3 de junio de 2009 se gestó la decisión política de hacer un desalojo en Bagua. Como es obvio estuvieron en la cita Alan García y Yehude Simon. Este último declaró efectivamente que Alan García dio la orden a la ministra del Interior de ese entonces para que tome acciones al respecto.

En el mismo sentido declaró la exministra de la mujer, Carmen Vildoso, cuando la Comisión Lombardi del Congreso le planteó el tema.

“Nada hubiese pasado si no se tomaba esa decisión política; de mandar al señor Muguruza con una decisión de desalojar y no de negociar un retiro pacífico como ya se estaba dando días antes del 5 de junio”, reclama el abogado.

Por las razones mencionadas, el abogado sostiene que “sería una vergüenza y sería un ilegal que la Sala Penal de Apelaciones Liquidadora Transitoria de Bagua emita una sentencia condenatoria contra los nativos”.

También están las acusaciones por disturbios, sobre las cuales, señala el abogado, tampoco existen pruebas que inculpen a los nativos.

“Hemos ido limpiando y creo que ese juicio ha servido para eso, para establecer la irresponsabilidad penal de los acusados y que si bien es cierto nosotros también queremos que se descubra quiénes fueron los que lesionaron y mataron”, señala.

“Para establecer una sentencia condenatoria tiene que haber prueba irrefutable y la Constitución es clara (…) en este caso la irresponsabilidad penal de los acusados creo que va más allá de toda duda razonable porque no hay elemento de prueba que los vincule con ninguno de los ocho delitos que se están procesando”, sentencia.