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Ilustración referencial sobre expropiación en Zimbabue

Nuevo régimen de expropiación amenaza derechos comunales y ciudadanos

Las expropiaciones ya no serán procesos de “excepción” sino por “necesidad pública” determinada por el gobierno.

Publicado: 2015-10-28

Servindi, 27 de octubre, 2015.- Dos decretos legislativos instauran un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado y permitirán que las expropiaciones se utilicen indiscriminadamente y no como medida de excepción.

Así lo advirtió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) quién afirma que tales medidas no solo afectarán a las comunidades campesinas y nativas sino también a toda la ciudadanía en general, tanto en ámbitos rurales como urbanos.

Bajo el manido argumento de incentivar la inversión el nuevo régimen es “contrario al espíritu constitucional” y trasgrede el artículo 70 de la Constitución Política.

La Coordinadora instó al Congreso de la República a reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.

Normas cuestionadas

La primera norma cuestionada es el Decreto Legislativo 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

La norma tiene una redacción ambigua y busca normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional, para incrementar las expropiaciones a partir de la declaratoria de necesidad pública, establecida de acuerdo a los criterios del gobierno de turno, puntualiza la CNDDHH.

La norma no hace ninguna diferencia entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural, incrementando el riesgo para los territorios indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad.

Cabe destacar que las comunidades campesinas y nativas tienen enormes dificultades para acreditar su derecho de propiedad “pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales geo-referenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se convierte en un derecho inseguro”.

La segunda norma cuestionada es el Decreto Legislativo 1210 aprobado tres semanas, y que modifica la décima disposición complementaria del D.L. 1192 para de manera sospechosa retiarar la mención específica a los derechos de propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas.

Acceda al comunicado completo en:

http://derechoshumanos.pe/2015/10/ante-la-promulgacion-de-los-decretos-legislativos-1192-y-1210-nuevo-marco-normativo-para-expropiaciones/


Escrito por

Servindi

Agencia de noticias especializada en temas indígenas y ambientales, con sede en Lima, Perú.


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