Nuevo régimen de expropiación amenaza derechos comunales y ciudadanos
Las expropiaciones ya no serán procesos de “excepción” sino por “necesidad pública” determinada por el gobierno.
Servindi, 27 de octubre, 2015.- Dos decretos legislativos instauran un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado y permitirán que las expropiaciones se utilicen indiscriminadamente y no como medida de excepción.
Así lo advirtió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) quién afirma que tales medidas no solo afectarán a las comunidades campesinas y nativas sino también a toda la ciudadanía en general, tanto en ámbitos rurales como urbanos.
Bajo el manido argumento de incentivar la inversión el nuevo régimen es “contrario al espíritu constitucional” y trasgrede el artículo 70 de la Constitución Política.
La Coordinadora instó al Congreso de la República a reflexionar y vigilar hacia dónde nos conduce este camino de expedir y aprobar leyes inconsultas y parcializadas a favor de intereses privados que vulneran el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios.
Normas cuestionadas
La primera norma cuestionada es el Decreto Legislativo 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.
La norma tiene una redacción ambigua y busca normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional, para incrementar las expropiaciones a partir de la declaratoria de necesidad pública, establecida de acuerdo a los criterios del gobierno de turno, puntualiza la CNDDHH.
La norma no hace ninguna diferencia entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural, incrementando el riesgo para los territorios indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad.
Cabe destacar que las comunidades campesinas y nativas tienen enormes dificultades para acreditar su derecho de propiedad “pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales geo-referenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se convierte en un derecho inseguro”.
La segunda norma cuestionada es el Decreto Legislativo 1210 aprobado tres semanas, y que modifica la décima disposición complementaria del D.L. 1192 para de manera sospechosa retiarar la mención específica a los derechos de propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas.
Acceda al comunicado completo en:
Escrito por
Agencia de noticias especializada en temas indígenas y ambientales, con sede en Lima, Perú.
